Medidas de Orden Social 2015

Medidas de Orden Social 2015

La economía española se recupera. Aún así hay muchos españoles que siguen padeciendo los efectos de la recesión. En torno a dicha situación se enmarca la llamada legislación sobre segunda oportunidad. La finalidad es que una persona física, a pesar de su fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una deuda que nunca podría satisfacer. 

Se introduce en este real decreto-ley, un mecanismo efectivo de segunda oportunidad para las personas físicas destinado a modular el rigor de la aplicación del artículo 1911 del Código civil. 

Artículo 1911. Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

En relación con la limitación de responsabilidad inherente a determinadas sociedades de capital que hace que éstas puedan liquidarse y disolverse (o morir en sentido metafórico), extinguiéndose las deudas que resulten impagadas tras la liquidación, y sin que sus promotores o socios tengan que hacer frente a las eventuales deudas pendientes una vez liquidado todo el activo: 

 ¿Cúal es el régimen de responsabilidad que se produce cuando una persona natural decide acometer una actividad empresarial a través de una persona jurídica interpuesta?

En este caso la persona natural contrae obligaciones de forma directa y quedará sujeta al principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil. 

Muchas de las situaciones de insovencia producidas, son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe. 

La segunda oportunidad que recoge este real decreto-ley responde a una técnica legislativa moderna pero inspirada en unos principios ya presentes. La Ley de Partidas ya previó la liberación del deudor tras un proceso de liquidación de sus bienes, y estableció una modulación de la mejor fortuna al no permitir que ésta pudiera jugar en perjuicio del deudor salvo cuano éste pudiese pagar todas sus deudas, sin perjuicio de sus propias condiciones de vida. 

Se propone así un nuevo marco jurídico aplicable que de confianza a los deudores, sin menoscabar la de los acreedores. 

Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores. 

Otra de las iniciativas contenidas en este real decreto-ley permitirá que las familias y empresas reduzcan su carga financiera, a quienes se encuentran en una situación más cercana a la insolvencia por sus circunstancias económicas y sociales de vulnerabilidad, sean PYMEs y autónomos, o personas naturales en general. 

Las iniciativas recogen: 

Como novedad fundamental, se instaura un régimen de exoneración de deudas,  (persona natural), con dos pilares básicos: que el deudor sea de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa). El deudor podrá ver exoneradas de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentando un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios. 
 
Con respecto a la protección de deudores hipotecarios sin recursos, se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas.
 
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unida familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas. Por ejemplo, que la carga hipotecaria se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas. 
 
c) La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 
 
d) La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 
 
e) La unidad familiar en la que forme parte un menor de tres años. 
 
f) La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permantnete, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral. 
 
g) El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familar según pro previsto en la letra a). 
 
h) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
 
MEDIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO
 
MÍNIMO EXENTO DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
  • Supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades: Si la contratación es a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes correspondiente a cada mes quedarán exentos de la aplicación del tipo de cotización en la parte correspondiente a la emrpesa. Si la contratación es a tiempo parcial, se reducirá de forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada de cada contrato. 
  • El beneficio en la cotización se aplizará durante un período de 24 meses, computados a partir de la fecha de efecto del contrato, 
  • Para beneficiarse de la bonificación las empresas han de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no haber extinguido contratos de trabajo, y mantener durante un periodo de 36 meses la contratación. 
AUTÓNOMOS
 
Los trabajadores autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, de una bonificación del 100 por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada momento establecido en Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Auónomos en los siguientes supuestos: 
 
a) Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo. 
b) Por tener a su cargo un familiar, pos consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada. 
 
En el caso de que el trabajadore lleve menos de 12 meses de alta en el Régimen Especial de Autónomos, la base media de cotización se calculará desde la fecha de alta. La aplicación de la bonificación estár condicionada a la permanencia en alta en el Régimen Especial de Autónomos y a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que deberá mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. 
 
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 
Se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas. 
 
Exenciones de la tasa
 
a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos estableciedos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral. 
 
b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor. 
 
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. 
 
d) La interposicón de recursos contencioso-aministrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. 
 
e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. 
 
f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales. 
 
g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposicion o se suscite controversia. 
 
DESDE EL PUNTO DE VISTA SUBJETIVO ESTÁN EXENTOS DE ESTA TASA
 
  • LAS PERSONAS FÍSICAS. 
  • LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS QUE SE HAYA RECONOCIDO EL DERECHO A LA ASISTENCIA GRATUITA
  • EL MINISTERIO FISCAL
  • LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
  • LAS CORTES GENERALES Y LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
MEDIACIÓN CONCURSAL
 
El sistema de mediación desarrollado por las Cámaras deberá ser transparente y se deberá garantizar la inexistencia de conflictos de interés. 
 
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Servicios y Navegación, podrán desempeñar funciones adiccionales que permitan auxiliar a los comerciantes en materia concursal, tales como las de asesoramiento, preparación de solicitudes de designación de mediador, acuerdos extrajudiciales de patos, preparación de la documentación, etc. 
 
MEDIDOR DE SOLVENCIA
 
Con el objetivo de facilitar que cualquier interesado pueda tener conocimiento de su situación financiera personal, se habilitará una aplicación informativa en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad accesible de forma confidencial, gratuita y telemática a través de la cual se podrá determinar la situación de solvencia en la que se encuentra a los efectos de la aplicación de lo previsto en el título I de este real decreto-ley. 
 
Este real decreto-ley está en vigor desde el 1 de marzo de 2014. 
 
 
Origen de Datos: "Agencia Estatal. Boletín Oficial del Estado".