Ley del Agua

24.02.2015 08:26

 

El objeto de la Ley es la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución. 

Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables integradas todas ellas en el ciclo hidrológico. 

EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEL ESTADO

Constituyen el dominio público hidráulico las siguientes aguas: 

  • Aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación. 
  • Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
  • Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. 
  • Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. 
Son aguas de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las guas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA
 
El Estado se someterá a los siguientes principios: 
 
1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios. 
2.º Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico. 
3.º Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. 
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 
Todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la información en materia de aguas en los términos previstos en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las aguas.