EL PODER JUDICIAL ESPAÑA

13.01.2015 09:16

EL CGPJ aprueba por unanimidad el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal. 

El Poder Judicial en España pide que la LECrim establezca con claridad las consecuencias del incumplimiento de los plazos de instrucción para no crear inseguridad jurídica. Se propone el establecimiento de la posibilidad de reapertura de los procedimientos una vez transcurridos los plazos que marca la Ley para la instrucción (seis meses para las causas ordinarias y dieciocho meses para las complejas, prorrogables) "cuando aparezcan nuevos elementos determinantes de la comisión del delito y de su participación". 

Asimismo señalan que "debería permitirse la prórroga del plazo máximo de la instrucción ordinaria", tal y como se prevé para las causas complejas, y que aunque el Anteproyecto establece que la petición de prórroga corresponde al fiscal, no debería escluirse "la posibilidad de que sea solicitada por las partes acusadoras personadas y de que sea acordada de oficio" por el juez instructor. 

El informe sostiene, no obstante, que la fijación de un plazo máximo para la instrucción, "además de superar el anacronico y poco realista plazo de un mes" previsto actualmente, "tiende a satisfacer las exigencias del principio acusatorio, por cuanto propicia el avance del proceso hacia la fase intermedia, lo que no es sino la consecuencia natural en un sistema acusatorio. 

Intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa

El Ateproyecto remitido por el Gobierno prevé que, "en caso de urgencia" y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad, la intervención de las comunicaciones podrá ser ordenada por el Ministro de Interior o por el Secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que debera validar o anular la medida en 72 horas. 

En este sentido los términos de la autorización judicial previa ya se contemplan en el Artículo 18.3 de la Constitución Española que estableze que "Se garantiza el secreto de la comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial". 

En relación con el artículo 55.2 que establece que "Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los Artículo 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas", no se identifica en principio el fundamento constitucional de la intervención de la comunicación para actuaciones que no se correspondan con la investigación de bandas armadas o elementos terroristas. 

El Poder Judicial también considera preciso “reflexionar acerca del riesgo que comporta” fijar un plazo de prórroga de la intervención de las comunicaciones –por periodos sucesivos de tres meses- que puede llegar hasta los dos años. Sus miembros sostienen que la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa plantea "serias dudas de encaje constitucional". 

Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados

El Poder Judicial consideran adecuado que se regule por primera vez la utilización de SMS y otros datos electrónicos en las investigaciones y elogia el establecimiento de "un régimen completo comprensivo de todas las medidas de investigación que comporten una injerencia en los derechos consagrados en el Artículo 18 de la Constitución Española, abarcando las comunicaciones de cualquier clase a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, comprendiendo tanto la comunicación en sí como los datos electrónicos de paso asociados al proceso de comunicación, así como los necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad". Se garantiza pues el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y se garantiza el secreto de las comunicaciones. 

Garantías procesales del detenido

El Poder Judicial respalda la regulación de las garantías procesales del sujeto pasivo del proceso penal y del detenido que se introduce con la modificación de los Artículo 118 y 520 de la LECrim, ya que con ello se incorpora al ordenamiento español la Directriva europea 2013/48, pero sugiere algunas mejoras al texto del Anteproyecto. El derecho de defensa garantiza que toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar este derecho, actuando en el procedimiento cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá este derecho. 

El Poder Judicial entiende que el Anteproyecto, que establece el derecho de comunicarse y entrevistarse reservadamente con el letrado en "cualquier momento del proceso", debería recoger la extensión de este derecho "a las diligencias policiales". El Artículo 520.2, establece en uno de sus apartados (apartado c.): "El derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto...". 

En relación con la toma de muestras de ADN, el Poder Judicial señala que "con el estado actual de la jurisprudencia parece que lo más oportuno sería seguir el criterio del Tribunal Supremo y no exceptuar la asistencia letrada al detenido, durante la toma de muestras de ADN, ya que no se aprecian motivos o circunstancias especiales que pudieran justificar una supresión de una garantía tan básica para el detenido como es la asistencia letrada para la práctica de dicha diligencia". 

En este sentido, el informe cree conveniente que el Gobierno hubiera acometido la regulación de las intervenciones corporales, abordando la materia de forma definitiva y completa y particularmente concretando las consecuencias de la negativa del sujeto pasivo a la práctica de tales medidas. 

El Poder Judicial finalmente considera "adecuada y necesaria" la reforma del Artículo 954 de la LECrim que hace el Anteproyecto, estableciendo el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo como cauce legal para el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 

 

 

 

 

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