El Derecho al Olvido en Internet

03.06.2017 08:29

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de 13 de Mayo de 2014 sentencia de 13 de Mayo de 2014 protagonizada por Mario Costeja y el gigante de Internet Google concluyó que, en virtud de la Directiva 95/46/CE (arts. 12 b y 14 a) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts. 7 y 8) los usuarios tienen derecho a solicitar a los motores de búsqueda, la eliminación de enlaces a páginas web que aparecen en una lista de resultados, cuando éstos se han obtenido tras una búsqueda a partir de su nombre.

Este derecho es especialmente relevante cuando se pretenden eliminar enlaces a publicaciones lícitas de esta lista de resultados, cuyo contenido no se puede suprimir del sitio principal debido a que, por ejemplo, se trata de publicaciones que obededcen a una ley, como el Boletín Oficial del Estado, o cuando se amparan en el derecho a la libertad de expresión e información

LAS LIMITACIONES

No se trata de un derecho absoluto, sino que su ejercicio se ha de fundamentar en que se trate de información inexacta, inadecuada, no pertinente o excesiva en relación con los fines del tratamiento, o de que se conserven durante un periodo superior al necesario. Y establece que, incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con la Directiva, cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. 

Para el TJUE, en cada situación será necesario buscar el equilibrio justo entre el interés público en acceder a la información y la protección de la vida privada de las personas, por lo que dependerá de la naturaleza de la información, y variar en función del papel que la persona en cuestión desempeño en la vida pública. 

En este sentido, el derecho al olvido no se aplica de la misma forma a los personajes públicos. Distinción que contiene la Ley Orgánica 1-1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.pdf, dirigida especialmente a proteger a la imagen y buen nombre de una persona. 

Esta ley establece que el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejercan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público, ni tampoco cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.